Evo piensa en la soya de Brasil

¿Alianzas entre agroindustria y gobierno?

Escrito por Marcos Nordgren (*)

La crisis alimentaria el 2011 podría ser peor que la soportada el 2008, advierten agencias de Naciones Unidas y señalan que los precios de los principales productos alimenticios relacionados al comercio internacional ya se han elevado en  un 3,4% según la FAO. Simultáneamente a causa de campañas agrícolas y cosechas menos exitosas por condiciones climáticas desfavorables y una mayor demanda de países cuyo crecimiento económico ha permitido aumentar su consumo, las reservas o stocks almacenados de diversos productos alimenticios como soya, azúcar están relativamente bajos y continúan disminuyendo. Por otra parte la producción agrícola no alimenticia como el algodón para textiles y la de agro-combustibles compite por tierras agrícolas y otros insumos con los cultivos alimenticios lo que pone una presión adicional sobre la situación de la producción agrícola mundial. De hecho algunos de los conflictos y protestas en Medio Oriente y Norte de África (Jordania y Argelia) e incluso el derrocamiento del presidente tunecino guardan relación con el descontento de la población respecto a la disponibilidad de alimentos[1]. Las proyecciones para el 2011 preocupantemente no parecen cambiar el panorama y también nos hablan de precios internacionales que continuarían elevándose de manera parecida, pese a que aún no se conocen con certeza los resultados de la producción agrícola para el 2011.

Ante este panorama no podemos negar el discreto optimismo que sentimos cuando vemos a los representantes de gobierno y la agroindustria cruceña realizar acercamientos e incluso conversar sobre alianzas estratégicas en temas tan fundamentales como la seguridad alimentaria para la población boliviana teniendo en cuenta las distancias mantenidas en años pasados. Pero este tímido optimismo no nos impide ver con preocupación algunas señales que empiezan a emerger respecto a los elementos y tendencias que se incluyen en  las alianzas que toman forma en estas últimas semanas.

Cuando recordamos rápidamente algo de la historia entendemos que la agroindustria cruceña ha sido directa e indirectamente uno de los sectores beneficiados con mayores inversiones estatales desde el 53 durante la llamada “marcha al oriente” debido a la necesidad desde ese entonces de diversificar la base minera de la economía estatal, y con especial énfasis en las políticas de gobierno a favor del desarrollo de la agroindustria durante el periodo 70-90. Estas políticas que fueron sostenidas pese a los incesantes cambios de gobierno durante la época, pueden ser consideradas como una de las pocas políticas de Estado conducidas en el pasado siglo. Tanto los gobiernos democráticos como las dictaduras contribuyeron primero para los procesos de colonización sucesiva de las tierras bajas como para la construcción de infraestructura (caminos, puentes, canalizaciones, etc), el sustento y respaldo de políticas financieras, la otorgación de perdonazos a créditos contratados y favores políticos para acceder a las mejores tierras agrícolas y ganaderas disponibles en el país. Esto ha contribuido a crear uno de los sectores productivos  más exitosos de la economía nacional no tradicional que el año 2004 contribuía con el 25% del valor de las exportaciones[2] y la acumulación de grandes ganancias durante las pasadas décadas de condiciones y precios favorables.

En la actualidad Bolivia tiene un sector agroindustrial relativamente competitivo que no debería requerir de más subvenciones ni apoyos estatales directos, sin embargo escuchamos preocupantemente que entre los temas de negociación entre el estado y empresariado cruceño se incluyen el respaldo financiero y excepciones a normativas para el uso de suelos y el cumplimiento de la función económica social (FES), que en la práctica pueden significar la legitimación de tierras improductivas, la erogación de financiamiento público tan requerido por sectores menos atendidos pero igualmente estratégicos, aumentos en la tasa de deforestación y degradación de suelos y la mecanización y uso de biotecnología para aumentar la productividad (claramente pensando en los transgénicos). Recordemos que sólo en el departamento de Santa Cruz existen cientos de miles de hectáreas de tierras desertificadas como producto de las acciones de la agroindustria en el pasado y es de esperarse que la expansión de la frontera agrícola anunciada en últimas semanas en suelos de vocación forestal y no agrícola ocasione los mismos daños.

Esto naturalmente no quiere decir que el Estado no pueda hacer nada por la producción agroindustrial para que esta re-establezca parte de su inversión en este sector, porque según algunos datos proporcionados por representantes de la FAO en Bolivia, en la actualidad se ha registrado una mayor inversión en el rubro de la construcción y otros rubros no agropecuarios. Existen acá una serie de medidas que deben ser parte de este tipo de acuerdos y que deben ser discutidas y analizadas detenidamente por las autoridades y los agroindustriales, considerando la importancia de las exportaciones pero también teniendo en cuenta que esta inversión privada debería aportar al abastecimiento interno del país de productos agroindustriales claves para la seguridad alimentaria como el maíz y el azúcar. Por otro lado, el mantener o no la subvención de carburantes para este sector debe ser parte de estas negociaciones.

La historia de la agroindustria no ha sido una historia de rosas por supuesto y ha tenido altos costos sociales, ecológicos y económicos que han subvencionado una problemática concentración de riqueza que además ocurrió parcialmente a costa de la generación de deuda externa y principalmente del abandono de la producción campesina indígena por parte del Estado. La tesis de entonces era sencilla: “la producción indígena campesina es inviable[3]”, pero además no eran considerados productores sino “etiquetados” como pobres;  por tanto el Estado ha apostado por las formas de producción agroindustriales que sí eran viables según los criterios de la época.

Si bien el gobierno del presidente Evo Morales mostró desde un inicio claramente la voluntad de revertir estas políticas y dirigir el apoyo estatal hacia la producción pequeña y mediana campesina indígena a través de iniciativas posiblemente con mayor o menor acierto como el programa de mecanización, la otorgación de créditos mediante el BDP y el apoyo productivo de EMAPA; en la práctica debemos reconocer el escaso avance y éxito de estas. EMAPA por ejemplo, ha llegado a apoyar la producción en unas 240 mil hectáreas entre  los años  2007-2010 beneficiando a unos 16 mil productores, sin embargo esto representa un apoyo de aproximadamente sólo el 5% de la superficie cultivable en manos de la producción indígena campesina y aún si supusiéramos que en todos los casos hubiera tenido buenos resultados, esto es descomunalmente insuficiente en un gobierno que se supone apuesta estratégicamente a la seguridad y soberanía alimentaria y la producción campesina indígena. Debemos aclarar además que esta suposición contrastaría con los reclamos y quejas sobre los precios pagados por acopiadores de EMAPA, la falta de puntualidad en la entrega de insumos a los productores en ciertas regiones del país y otras ineficiencias de esta empresa pública. Por otra parte, en algunos, por no decir muchos casos los productores se han visto imposibilitados de honrar los créditos contraídos por el fracaso de su producción, demostrando la ausencia de un acompañamiento técnico y malas condiciones con que todavía se realizan los créditos. En resumen vemos una política nacional de apoyo a la producción campesina indígena que es claramente insuficiente y ha demostrado escasos resultados como además lo refleja el desabastecimiento de productos como el azúcar, maíz, arroz y trigo en los últimos años que si bien se desarrolla en un contexto internacional de crisis alimenticia advertida desde años atrás, tiene como trasfondo políticas nacionales que no han sido capaces de encontrar soluciones ni respuestas a estos problemas. Bolivia de hecho puede ser considerado como un país con un potencial agropecuario aún no aprovechado y que podría hacer grandes aportes a la seguridad alimentaria regional, evidentemente con políticas productivas adecuadas.

Ante este panorama las señales que recibimos del gobierno nacional respecto a las inversiones públicas en sectores tradicionales (minería, hidrocarburos) y las actuales conversaciones con la CAINCO, CAO, ANAPO y federaciones de ganaderos, parecen indicar un re-direccionamiento  de las prioridades nacionales y ¿posiblemente indicarán una aceptación implícita del postulado de tiempos liberales sobre la inviabilidad de la economía campesina indígena?, ¿al menos en el corto-mediano plazo?. Y también podríamos preguntarnos si esto significa una capitulación de las políticas nacionales a las presiones externas y la dominancia de una línea pragmática en el gobierno del presidente Evo Morales. En otras palabras ¿sería posible que el gobierno haya llegado a la conclusión de que la producción campesina indígena no es estratégica y vuelque ahora su mirada a la agroindustria en un intento desesperado de evitar mayores problemas con el desabastecimiento interno ante una crisis alimentaria que expertos anuncian desde hace varios años?.

Pese a este sistemático abandono histórico, la producción agropecuaria indígena campesina, que es medio de vida de varias familias, sigue haciendo fundamentales aportes a la seguridad alimentaria aunque en los últimos años éste se habría reducido. Pero pese a ello, se debe recuperar y aumentar este aporte que históricamente habría sido fundamental, avanzando en subsanar la inaceptable deuda social y económica del Estado con la población del área rural, como para lograr avances en la tan golpeada seguridad y soberanía alimentaria.
Es imprescindible entender las dinámicas propias con que funciona este heterogéneo sector productivo para saber dónde y de qué manera dirigir los esfuerzos. Algunas de estas pautas están ya identificadas en la propuesta para una Ley de la Década Productiva elaborada por la CSUTCB y que bajo la actual coyuntura constituye una excelente oportunidad de avanzar en el diseño participativo de políticas productivas.

Pero debemos además como país aprovechar esta oportunidad para lograr progresos en la construcción de una matriz agropecuaria sólida, respetuosa con el medioambiente y la población quien la desarrolla, incluyendo políticas y acciones de soporte estatal masivo al menos en los siguiente cinco rubros productivos estratégicos para Bolivia según sus potenciales agropecuarios y características socioambientales: a) El fortalecimiento de una nueva forma de ganadería para tierras bajas con la incorporación de técnicas de manejo de pasturas, bosques y fuentes de agua para ganado; b) Apoyo a la ganadería altoandina a través de la mejora de la calidad del hato, recuperación, conservación de pasturas nativas y bofedáles, dotación de establos tecnificados y atención de sanidad animal; c) Soporte a la agricultura sostenible y la producción diversificada con la expansión de la capacidad de captación, almacenamiento, manejo de cuencas y riego incluyendo la implementación de tecnologías de goteo y aspersión además de recuperar y promover técnicas de manejo de fertilidad de suelos, áreas donde ya existen experiencias exitosas ajustadas a las diferentes condiciones del territorio nacional; d) La implementación de sistemas agroforestales para el Trópico y la Amazonía que permitan la recuperación de tierras degradadas, frenar los procesos de deforestación y hacer frente a los efectos de las inundaciones y sequias crecientemente perjudiciales por el proceso de cambios climáticos, al mismo tiempo que se promueve la producción tanto de cultivos anuales como multianuales no tradicionales con potenciales no aporvechados hasta ahora y finalmente e) Es de gran importancia la formulación de normativas e implementación de programas que apoyen y promuevan la Gestión Territorial Integral para garantizar el aprovechamiento equilibrado del conjunto de recursos contenidos en el país, madera, caza, pesca, energías renovables, turismo, recolección etc, aprovechando y recuperando los conocimientos y estrategias campesinas indígenas originarias de incalculable valor para Bolivia y el mundo, sin olvidar el acceso a la tenencia de la tierra para las personas que no tienen o la tienen de manera insuficiente.  

Estamos en un momento en que el análisis crítico de dirigentes de las principales organizaciones sociales que respaldan el “proceso de cambio” en el país acertadamente han identificando problemas estructurales en la toma de decisiones y la insuficiencia de políticas nacionales que resuelvan los obstáculos del aparato productivo y la economía nacional. En esta coyuntura es importante que las autoridades nacionales interpreten esto como una oportunidad inmejorable para avanzar en la construcción participativa de las leyes del nuevo estado plurinacional y se corrijan algunas tendencias percibidas en funcionarios públicos de desautorizar y deslegitimar demandas, aportes y propuestas de sectores campesinos indígenas originarios y fabriles.

Finalmente de lo que se trata no es satanizar las alianzas entre el Estado y la agroindustria como apresuradamente algunas opiniones sugieren en los medios, y es importante entender que estas alianzas no sólo son deseables si no que son imprescindibles en la construcción de un nuevo país inclusivo, que entiende su propio bien y sabe aprovechar todas las capacidades y potencialidades. No obstante esto es igualmente importante que estas alianzas no impliquen el continuar priorizando a un sector ampliamente atendido históricamente y que cuenta con capacidad de reproducir y mejorar con recursos propios sus medios de producción, y canalizar principalmente estos apoyos, tanto técnicos como financieros a la agricultura campesina indígena, especialmente dada la desatención y  los enormes desafíos que enfrentan estos pequeños productores en el Altiplano, Valles, Chaco y Amazonía a causa de los cambios climáticos, el uso de prácticas inadecuadas y la migración rural-urbana. Además debemos ser coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo que  anuncia desde hace cinco años la transformación de la estructura agraria, dinamización productiva de las comunidades campesinas y territorios indígenas y afianzamiento de los derechos indígenas para la soberanía alimentaria.

Según algunos estudios[4] el aporte de la producción campesina indígena de los alimentos consumidos internamente se habría reducido en el año 2000 al 37%  y el déficit de alimentos en la actualidad estaría siendo atendido con importaciones en casi un 20% o más. Es importante también señalar las ventajas estratégicas a la seguridad y soberanía alimentaria que tienen las alianzas y apoyos a la producción campesina indígena que destina prácticamente toda su producción al mercado interno y autoconsumo, comparado con la producción agroindustrial que es estimulada por precios internacionales y destinada principalmente a la exportación. Necesitamos entonces encontrar un equilibrio y esclarecer las prioridades para evitar el riesgo de que algunas políticas pierdan horizonte en un panorama político que compresiblemente se torna más complejo cuando nos enfrentamos con una realidad nacional y global más compleja.

En este sentido también debemos continuar enfatizando la importancia de la generación de conocimiento sobre el sector productivo a través de la realización del 2do Censo Nacional Agropecuario y la institucionalización del mismo en forma similar al Censo de Población y Vivienda que se realiza cada diez años.

También es fundamental tomar medidas urgentes para garantizar el involucramiento de universidades públicas y privadas y centros de investigación en el desarrollo articulado y planificado de conocimiento práctico sobre tecnologías alternativas agroecológicas, conservación de suelos, recuperación e implementación de tecnologías ancestrales adecuadas y ajustadas para cada una de las condiciones agroecológicas de nuestro país.
(*) Marcos Nordgren es Biólogo y miembro del equipo de la Unidad de Acción Política de CIPCA